Juicio a gobernadores – Isidoro YESCAS

Isidoro YESCAS

Obligado por los magros resultados electorales de la pasada contienda, el PRI ha iniciado un proceso de enjuiciamiento de algunos de sus gobernadores mas criticados por su enriquecimiento a costa del erario público y  abusos de poder al punto que, aún con el riesgo de enfrenar algunas disidencias y/o rupturas, ya dio el primer paso con la suspensión temporal de sus derechos políticos como militante del PRI del gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Y la medida podría replicarse con los gobernadores de Chihuahua, Cesar Duarte , el de Quintana Roo, Roberto Borge y otros dos gobernadores que el SAT de la Secretaría de Hacienda ya investiga por presuntos delitos relacionados con desvío de recursos públicos y peculado.

Habrá que subrayarlo: a la dirigencia nacional del PRI, con el apoyo de Los Pinos, no le ha quedado otra alternativa que tomar la iniciativa  para tomar distancia de gobernadores cuya conducta privada y pública catapultó su derrota en estados tan importantes como Veracruz , pero  en condiciones similares se encuentran  otras entidades que siempre estuvieron bajo control del PRI y  en donde por vez primera hubo alternancia política en el poder ejecutivo, sobre todo por los abusos de poder y la corrupción de los gobernadores en turno.

Pero la corrupción y el enriquecimiento sexenal no es propio de los gobernantes del PRI pues con gobernadores surgidos de las filas del  PAN y el PRD también se han presentado casos similares.

E Puebla, Morelos y Oaxaca, entre otros,  los medios de información locales y nacionales han evidenciado que el endeudamiento público de estos gobiernos y los problemas financieros que hoy enfrentan se explican, en buena medida, por la discrecionalidad y opacidad con la que administraron los recursos públicos, pero también por la corrupción que permeó en la asignación de  todo tipo de contratos y en la asignación de la obra pública.

En el caso de Oaxaca, y a solo dos meses de que concluya el gobierno del cambio, es público y notorio que el gobierno del estado se encuentra en virtual quiebra financiera y de ahí su intento para salvar sus compromisos económicos con becarios, IEEPO, proovedores locales y nacionales, medios de información,  partidos políticos y sus propios trabajadores por la vía de una nuevo endeudamiento público.

De acuerdo a lo establecido en la Ley federal de disciplina financiera, en los últimos tres meses de su período constitucional ningún gobierno (estatal o municipal) puede contraer “obligaciones “financieras ( leáse créditos) .

Sin embargo, desde el gobierno que en el 2010 ofreció transparencia, eficacia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos, se intensifican los cabildeos con la  LXII Legislatura local y la propia SHCP para obtener un nuevo préstamo  por  2,500 millones y así sumar esta cantidad a la “histórica” e impagable  deuda pública de Oaxaca.

En los hechos, y si esto ocurriera, lo que atestiguaremos será una maniobra política para, a cambio de “sanear” las finanzas estatales, promover un crecimiento exponencial de la deuda pública y con ello imponer un serio dique financiero al  nuevo gobierno para cumplir con sus primeros compromisos de campaña.

Twitter: @YescasIsidoro

Septiembre 29 del 2016.